Las empresas mantienen una relación cada vez más estrecha con el ámbito judicial. Contratos que generan controversias, reclamaciones de cantidades, conflictos societarios, procedimientos concursales o disputas relacionadas con proveedores y clientes pueden terminar ante los tribunales y exigir una gestión procesal especializada. En este contexto, la figura del procurador desempeña una función que va mucho más allá de actuar como mero intermediario entre una compañía y el juzgado. Su trabajo permite articular la representación procesal de la empresa y facilita la gestión de numerosas actuaciones que se producen durante un procedimiento.
La representación procesal constituye precisamente una de las funciones esenciales de estos profesionales. Cuando una empresa interviene en un procedimiento y resulta necesaria la actuación de un procurador, este profesional se encarga de representarla ante el órgano judicial correspondiente y de mantener la relación formal con el juzgado. De esta manera, el abogado puede concentrarse en la estrategia jurídica y en la defensa de los intereses de la compañía, mientras el procurador atiende la dimensión procesal que acompaña al procedimiento. El Estatuto General de los Procuradores establece precisamente entre sus funciones la representación de sus poderdantes ante los órganos jurisdiccionales.
Para una compañía que participa simultáneamente en diferentes litigios, esta labor puede adquirir una especial relevancia. Una empresa de cierta dimensión puede tener procedimientos abiertos en distintos juzgados y ciudades, con calendarios diferentes y actuaciones que deben realizarse dentro de unos plazos concretos. La intervención de un procurador permite centralizar buena parte de esa actividad y mantener un seguimiento continuado de cada expediente.
La recepción y gestión de las comunicaciones judiciales constituye otra parte importante del trabajo. Durante un procedimiento pueden producirse notificaciones, citaciones, requerimientos, emplazamientos y comunicaciones de distinta naturaleza que deben llegar correctamente a las partes. Los procuradores reciben estas actuaciones y trasladan la información al abogado y al cliente de acuerdo con el procedimiento establecido. También pueden practicar determinados actos de comunicación en los supuestos previstos legalmente, una función que ha adquirido especial importancia con la evolución de la normativa procesal.
Para una empresa, controlar estas comunicaciones resulta fundamental porque de ellas pueden depender actuaciones posteriores y el cumplimiento de determinados plazos procesales. Una notificación no gestionada adecuadamente puede alterar el desarrollo de un procedimiento y generar consecuencias para la compañía. Por eso, el seguimiento de las comunicaciones judiciales forma parte del valor añadido que aporta el procurador dentro de la estructura procesal.
El control de plazos y señalamientos ocupa también un espacio relevante. Audiencias, comparecencias, vencimientos y otras actuaciones tienen que encajar dentro de un calendario procesal que puede resultar complejo cuando existen varios asuntos abiertos al mismo tiempo. Los despachos de procuradores suelen ofrecer sistemas de seguimiento destinados a controlar estas fechas y facilitar la coordinación con los abogados responsables de cada procedimiento.
Esta coordinación puede resultar especialmente útil para las empresas que cuentan con departamentos jurídicos internos. El procurador se integra en ese circuito de trabajo como un profesional especializado en la relación con los órganos judiciales, facilitando que los abogados dispongan de información actualizada sobre la situación de cada procedimiento. En compañías que externalizan la defensa jurídica, su función adquiere igualmente importancia porque sirve de enlace entre el despacho de abogados y la organización.
La presentación y tramitación de escritos procesales representa otra de las tareas habituales. Los procuradores pueden presentar ante el juzgado determinados escritos preparados por los profesionales que dirigen la defensa jurídica y realizar las actuaciones necesarias para que queden incorporados correctamente al procedimiento. También pueden encargarse de diligencias relacionadas con exhortos, oficios y mandamientos judiciales, dependiendo de las características del caso.
En los procedimientos de ejecución, el papel del procurador puede adquirir una dimensión todavía mayor. Conseguir una sentencia favorable no siempre significa que una empresa vaya a cobrar inmediatamente una cantidad reconocida judicialmente. Cuando la parte condenada no cumple voluntariamente, comienza una nueva fase en la que pueden ser necesarias diferentes actuaciones para hacer efectivo el contenido de la resolución. Los procuradores intervienen en la tramitación de estas ejecuciones y pueden participar en diligencias relacionadas con embargos, requerimientos de pago, subastas y otras actuaciones previstas en esta fase.
Para una empresa, esta función puede ser especialmente significativa cuando existe una deuda pendiente. La recuperación efectiva de una cantidad reconocida judicialmente puede requerir localizar bienes, tramitar embargos o impulsar distintas actuaciones hasta conseguir que la resolución tenga una repercusión económica real. El procurador participa en esta dinámica procesal en coordinación con el abogado que dirige el procedimiento y con los órganos judiciales correspondientes.
Los embargos constituyen una de las actuaciones más conocidas dentro de la fase de ejecución. Dependiendo de las circunstancias, pueden afectar a cuentas corrientes, bienes muebles u otros activos. La gestión de las actuaciones asociadas al embargo requiere coordinación con diferentes organismos y operadores y un seguimiento preciso de cada trámite. Los servicios especializados de procura pueden incluir esta parte de la ejecución, así como la gestión de actuaciones posteriores relacionadas con los bienes afectados.
Las subastas judiciales constituyen otra área en la que los procuradores pueden prestar servicios a las empresas. Cuando determinados bienes son objeto de ejecución y deben salir a subasta, el procedimiento exige cumplir distintas formalidades y coordinar actuaciones con el órgano judicial. Los procuradores pueden intervenir en estas operaciones y realizar el seguimiento de las diligencias correspondientes. El propio Consejo General de Procuradores mantiene un portal relacionado con subastas judiciales, reflejo de la presencia de la profesión en este ámbito.
También pueden intervenir en actuaciones relacionadas con el depósito y la administración de bienes embargados cuando las circunstancias del procedimiento así lo requieren. En estos casos, la gestión debe realizarse siguiendo las instrucciones del órgano judicial y atendiendo a las condiciones específicas de cada bien. Para empresas que participan en procedimientos de ejecución con activos de cierta relevancia económica, estas actuaciones pueden formar parte de una fase particularmente delicada del litigio.
El procurador puede asumir además determinadas actuaciones de comunicación que no se limitan a la recepción de documentos procedentes del juzgado. En los supuestos previstos por la legislación, puede realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos y dejar constancia formal de su práctica. Esta posibilidad permite agilizar determinadas actuaciones y dota al proceso de una vía adicional para realizar comunicaciones con las garantías correspondientes.
Para empresas que trabajan con clientes, proveedores o deudores situados en diferentes lugares, disponer de servicios de procura con cobertura territorial amplia puede ser especialmente útil. Los despachos especializados pueden coordinar actuaciones en distintos partidos judiciales y recurrir a redes profesionales cuando un procedimiento requiere intervenir fuera de su ámbito habitual. Algunos servicios de procura ofrecen precisamente cobertura en diferentes órganos judiciales mediante redes de profesionales.
Otra posibilidad es recurrir a los procuradores para determinadas actuaciones extraprocesales relacionadas con la actividad jurídica de la compañía. Algunos despachos ofrecen servicios de representación y asesoramiento extraprocesal, además de mediación, conciliación y arbitraje. Estas vías pueden permitir abordar determinados conflictos mediante mecanismos diferentes al proceso judicial tradicional, dependiendo de la naturaleza del asunto y de la estrategia diseñada por los profesionales jurídicos que asesoran a la empresa.
La gestión procesal adquiere especial complejidad cuando una compañía acumula numerosos procedimientos de características diferentes. Una entidad financiera, una compañía aseguradora, una empresa constructora o una organización con una elevada actividad contractual puede tener que gestionar simultáneamente un volumen considerable de asuntos judiciales. La procura especializada en gestión masiva de procedimientos permite organizar esa actividad y establecer sistemas de control capaces de mantener identificados los distintos expedientes y sus actuaciones.
La tecnología está teniendo un papel importante en esta evolución, tal y como nos muestran los procuradores de Moliner Procuradores, quienes nos enseñan cómo los sistemas electrónicos de comunicación con los tribunales permiten intercambiar documentación y recibir información de los procedimientos de manera mucho más rápida que en el pasado. Para las empresas, esta digitalización facilita el acceso a información procesal y favorece una coordinación más fluida entre el procurador, los abogados y los departamentos internos de la compañía. El Consejo General de Procuradores también mantiene servicios vinculados al traslado de copias y a diferentes herramientas digitales utilizadas en el ámbito de la procura.
La especialización sectorial constituye otro elemento que puede marcar diferencias. Una empresa dedicada a la construcción puede enfrentarse a litigios muy distintos de los que afectan a una compañía tecnológica o a una entidad del sector financiero. Aunque las funciones básicas del procurador se mantienen, conocer las dinámicas habituales de determinados ámbitos empresariales facilita la gestión de los expedientes y la coordinación con los profesionales responsables de la defensa jurídica.
El trabajo del procurador, además, se desarrolla en estrecha colaboración con los abogados. Ambos profesionales tienen funciones diferentes dentro del procedimiento y su coordinación permite cubrir tanto la estrategia jurídica como la representación y gestión procesal. Para una empresa, contar con esta estructura facilita que las distintas dimensiones de un litigio puedan abordarse de manera coordinada, especialmente cuando el asunto presenta numerosas actuaciones y requiere un seguimiento continuado.
¿Qué formación se necesita para trabajar como procurador?
Trabajar como procurador de los tribunales en España requiere una preparación jurídica específica y un itinerario académico regulado. Aunque la actividad profesional está muy relacionada con el funcionamiento de los juzgados, el acceso a ella comienza en la universidad, ya que el primer requisito es contar con una titulación oficial en Derecho. La normativa establece actualmente un sistema de acceso común para las profesiones de la abogacía y la procura, de manera que ambas comparten la formación habilitante y la prueba de aptitud profesional.
Por tanto, el punto de partida es cursar el Grado en Derecho o una titulación universitaria equivalente que reúna las competencias jurídicas exigidas. Durante esta etapa, el estudiante adquiere conocimientos sobre las diferentes ramas del ordenamiento jurídico, aprende a interpretar normas y resoluciones y desarrolla las bases necesarias para comprender cómo se estructura el sistema de justicia. El objetivo de esta formación inicial es proporcionar una visión amplia del Derecho sobre la que posteriormente pueda construirse una preparación mucho más orientada al ejercicio profesional.
Una vez finalizados los estudios universitarios, llega la formación especializada. El acceso a la procura requiere superar un curso específico que prepara para el ejercicio profesional y que puede impartirse dentro de un máster universitario oficial o mediante otras modalidades formativas acreditadas. El reglamento permite que estos estudios sean organizados por universidades, por escuelas de práctica jurídica de los colegios profesionales que cumplan los requisitos correspondientes o mediante fórmulas conjuntas entre ambas instituciones.
Esta etapa tiene una orientación considerablemente más práctica que el grado universitario. El estudiante empieza a familiarizarse con las competencias necesarias para desenvolverse profesionalmente ante los órganos judiciales y con las particularidades de la representación procesal. La finalidad ya no consiste únicamente en conocer las normas, sino en aprender a aplicar los conocimientos jurídicos dentro de procedimientos concretos y adquirir las capacidades profesionales necesarias para ejercer con autonomía.
Las prácticas externas forman parte de esta preparación. El reglamento exige que los cursos de formación incluyan un periodo de prácticas de calidad, desarrollado en instituciones, entidades o despachos vinculados con el ejercicio de la abogacía y la procura. Para el futuro procurador, esta experiencia permite conocer desde dentro el funcionamiento cotidiano de un despacho y observar cómo se organiza el trabajo procesal en situaciones reales.
El contacto con profesionales durante esta etapa resulta especialmente útil porque la actividad exige mucho más que conocimientos teóricos. El estudiante debe familiarizarse con la documentación que se maneja en un procedimiento, con la organización de los expedientes y con los sistemas utilizados para comunicarse con los órganos judiciales. También empieza a comprender la importancia de la precisión y del cumplimiento de los tiempos establecidos dentro de cualquier actuación profesional.
Una vez completada la formación especializada y las prácticas, el siguiente paso es superar la evaluación de aptitud profesional. El sistema actual contempla una prueba común para quienes pretenden obtener la capacitación necesaria para ejercer como abogados o procuradores. La convocatoria correspondiente certifica que los aspirantes deben haber completado previamente la formación especializada y el periodo de prácticas externas tuteladas.
La superación de esta evaluación permite obtener el título profesional habilitante. A partir de ese momento, quien quiera ejercer como procurador debe incorporarse al correspondiente Colegio de Procuradores. La colegiación como ejerciente es necesaria para desarrollar profesionalmente las funciones propias de la procura y utilizar la denominación de procurador de los tribunales.
La normativa actual presenta, además, una particularidad importante respecto al modelo tradicional. La reforma introducida por la Ley 15/2021 estableció un acceso único a la abogacía y la procura, de forma que se comparte el título universitario, la capacitación especializada y la evaluación de aptitud. Esto permite que una persona que haya obtenido el título profesional pueda elegir posteriormente cuál de las dos actividades desarrollar, siempre que cumpla los requisitos de colegiación correspondientes. El ejercicio simultáneo de ambas profesiones por la misma persona está prohibido.
Esta modificación ha hecho que la preparación del futuro procurador tenga una base jurídica común con la de otros profesionales que desarrollan su actividad ante los tribunales. Sin embargo, durante la formación especializada adquieren especial importancia las competencias específicas vinculadas con la procura, ya que se trata de una actividad profesional con funciones propias dentro del sistema judicial.
La formación tampoco termina con la obtención del título habilitante. El ejercicio profesional exige mantenerse al día ante los cambios normativos, tecnológicos y organizativos que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia. Los procedimientos pueden modificarse y las herramientas utilizadas por los tribunales evolucionan, por lo que la actualización profesional forma parte de la trayectoria habitual de cualquier procurador.
En este sentido, además de la preparación obligatoria, puede resultar útil complementar los estudios con especializaciones relacionadas con determinadas áreas procesales. Un profesional puede orientar posteriormente su carrera hacia ámbitos concretos en función de los asuntos que gestione con mayor frecuencia y de las características del despacho en el que trabaje. Esta especialización puede adquirirse mediante cursos, jornadas profesionales y formación continua.
